Los grupos parlamentarios están tramitando en el Congreso la futura Ley Orgánica del Derecho de Defensa, momento que ha aprovechado Cermi (Comité de Representantes de Personas con Discapacidad) para pedir que se refuerce la atención a la discapacidad en dicha ley.

Esta ley regula el derecho de toda persona a poder defenderse con independencia de si tiene o no discapacidad, así como garantiza que los organismos judiciales aseguren que se cumpla ese derecho.

Es una ley para toda la población y lo que ha hecho Cermi es presentar a los distintos grupos parlamentarios una serie de propuestas para que se modifiquen determinados aspectos y se garantice así que el acceso a la justicia de las personas con discapacidad sea en igualdad de condiciones.

"Entre las propuestas que hemos hecho hay dos aspectos fundamentales: las comunicaciones con la administración de justicia y la accesibilidad a la justicia", explica Óscar Moral, asesor jurídico de Cermi. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza en su artículo 13 el acceso a la justicia, justo lo que quiere conseguir Cermi con las aportaciones que ha realizado. Tanto el derecho a la defensa como el derecho a la justicia son derechos fundamentales que el Estado debe garantizar.

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La accesibilidad universal es protagonista en la batería de propuestas que ha hecho Cermi porque la realidad es que la justicia sigue sin ser universalmente accesible para las personas con discapacidad en España. "Desde en ámbitos físicos como el propio acceso a los edificios, hasta las comunicaciones que te mencionaba. Por ejemplo, es muy importante que haya lectura fácil o cualquier sistema que necesite la persona, desde braille, subtítulos, intérprete en lengua de signos o un facilitador judicial para personas con discapacidad intelectual", defiende Óscar. 

"Por ejemplo, tú tienes que entender lo que supone contratar un letrado o si eres un encausado en un procedimiento penal comprender lo que te están diciendo. Si no es así la situación es muy grave porque si no hay igualdad en relación al resto de la población, tus derechos relacionados con la justicia desaparecen. Ya de por sí la maquinaria de la justicia es inmensa y entender todo a lo que te estás enfrentando es fundamental". Óscar es perfectamente consciente de que las situaciones que implican relación con el aparato judicial suponen estrés si no se está acostumbrado. Esto le sucede a cualquier persona, una realidad que se multiplica si tienes una discapacidad y no se cumple con la accesibilidad universal.

Hay que garantizar que "cualquier proceso judicial sea accesible para las personas con discapacidad en las mismas condiciones que para el resto de la ciudadanía".

Todavía no hay fecha para que esté lista la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, pero Óscar es optimista. Ya hicieron propuestas en el anteproyecto de ley y fueron recogidas, así que desde Cermi confían en que ahora también recojan sus últimas modificaciones. Caso de que rehúsen estas propuestas, "no estaría asegurada esa garantía de igualdad de oportunidades, por lo que las personas con discapacidad pueden verse discriminadas".

Tras la accesibilidad universal, el otro punto importante en esta batería de propuestas que ha hecho Cermi es el enfoque de género. Es necesaria una mirada interseccional de género y discapacidad. "Las mujeres y niñas tienen una mayor desprotección en todos los ámbitos por el hecho de tener una discapacidad y también por el de ser mujeres. Existe una desigualdad interna, las mujeres con discapacidad están todavía peor que los hombres con discapacidad", explica Óscar.

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Entre las propuestas que ha hecho Cermi figura que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado reciban formación en temas básicos de accesibilidad para facilitar la defensa de las personas con discapacidad cuando quieran poner una denuncia o necesiten ser informadas de un procedimiento judicial.

Otra de las peticiones que tiene que ver con el género es extender la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad en todo tipo de procesos con independencia de los recursos económicos que tengan.

Todas las propuestas tienen como objetivo que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

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